La Ley Nacional del Teatro 24.800 tiene un carácter esencial como ley democrática y se basa en valores que seguimos defendiendo frente a cualquier intento de eliminación o incumplimiento de la misma.
Dentro de la Ley:
+ Transparencia
– Discrecionalidad
Las personas encargadas de diseñar las políticas son seleccionadas a través de concursos públicos y representan a cada provincia y región del país. Tanto las personas individuales como los grupos son evaluados por un jurado de selección y, en función de su calificación, se otorgan los apoyos correspondientes. El jurado también es elegido mediante concursos públicos y se realizan convocatorias editoriales bajo seudónimo para asegurar la transparencia en la selección de los textos.
Dentro de la Ley:
+ Debate
– Arbitrariedad
Los recursos no son asignados de manera discrecional, sino que cada región cuenta con valores representativos a su comunidad teatral, las salas y los grupos en actividad. Tanto las convocatorias a fiestas provinciales como a cualquiera de las líneas de apoyo históricas del INT dependen de jurados y personalidades destacadas del ámbito teatral de cada provincia. Ningún apoyo es otorgado de modo arbitrario desde las oficinas administrativas del instituto.
Dentro de la Ley:
+ Asignaciones específicos
– Impuestos a la ciudadanía
Los aspectos económicos y financieros del instituto se administran desde el mismo organismo, pudiendo solventar costos de personal, ciclos, programaciones y apoyos en base a lo recaudado mediante las asignaciones específicas. En el caso del INT el 95% proviene de un gravamen recaudado por ENACOM y el 5% a través de juego de azar cobrado vía LOTBA. Ningún gasto del INT es solventado por el tesoro nacional ni por rentas generales abonadas por los ciudadanos. Esto nos permite la autarquía económica.
¡Sigamos defendiendo la Ley Nacional del Teatro!
