Esta semana, la diputada provincial de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó un proyecto para advertir sobre “la crítica situación institucional, presupuestaria y operativa” que atraviesa el Instituto Nacional del Teatro, uno de los principales organismos de fomento a la actividad teatral independiente y federal.
En los fundamentos del proyecto, Braga señaló que el organismo atraviesa una “grave crisis institucional y presupuestaria”, la cual se manifiesta en la falta de autoridades, la paralización de actividades y la interrupción de pagos a proyectos y festivales, que afecta de forma directa a los trabajadores del sector en todo el país.
Al respecto, la diputada sostuvo que “el vaciamiento del Instituto implica no sólo la suspensión de apoyos materiales, sino también un retroceso alarmante en términos de derechos culturales y de federalismo”.
En ese marco, la legisladora destacó que el INT fue un instrumento clave para que los artistas de todo el país accedan a circuitos de producción sin depender exclusivamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Además, el documento puso en valor la función esencial de la entidad en el desarrollo cultural, principalmente en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde sostiene el teatro independiente.
Para Braga, la problemática adquiere particular relevancia en la provincia de Buenos Aires, dado que la actividad teatral independiente representa una parte significativa de la cultura local. En ese contexto, subrayó que la crisis del Instituto afecta especialmente al conurbano, al interior bonaerense y a las propuestas comunitarias, las cuales dependen del Estado para mantenerse en funcionamiento.
Frente a este escenario, la diputada provincial exigió que se mantengan las políticas públicas que garanticen el acceso igualitario a la cultura y que se cumpla con lo establecido en la Ley Nacional del Teatro (Nº 24.800), que regula al organismo como descentralizado y autárquico.
El Gobierno nacional modifica por decreto el Instituto Nacional del Teatro
El pasado 22 de mayo, el Gobierno nacional publicó el Decreto 345/2025, una medida que propone una reestructuración profunda del Instituto Nacional del Teatro (INT), y encendió las alarmas de la comunidad teatral argentina, que percibe en la norma una amenaza directa a la supervivencia de uno de los pilares de la política cultural federal del país.
El Instituto Nacional del Teatro fue creado en 1997 mediante la Ley Nº 24.800, con el propósito de fomentar, proteger y desarrollar la actividad teatral en todo el territorio argentino. Desde sus inicios, se constituyó como un organismo autárquico y descentralizado, financiado principalmente con recursos específicos que provienen de un porcentaje del producido por los juegos de azar administrados por Lotería Nacional.
Entre sus principales tareas, el INT financia proyectos teatrales, sostiene salas y festivales, promueve redes de formación e investigación, y garantiza el acceso a la cultura en comunidades de todo el país, muchas de ellas alejadas de los grandes centros urbanos. Para cumplir con estas funciones, cuenta con representaciones regionales y un Consejo de Dirección integrado por delegados provinciales.
Sin embargo, el decreto mencionado deroga la reglamentación original y reemplaza por completo el organigrama institucional del INT. Según especialistas y sectores vinculados al ámbito teatral, los cambios introducidos vulneran la autonomía y la representación federal del organismo. Entre las modificaciones más cuestionadas se encuentran la eliminación del Consejo de Dirección, la designación directa de un Director Ejecutivo por parte del Gobierno nacional, la fusión de áreas y la supresión de delegaciones clave.
– Con información de diputadosbsas.com.ar –
